La Fiscalía General del Estado amplió este lunes la investigación penal por presunto tráfico de influencias y consorcio entre operadores de justicia en un caso que ahora involucra al exministro de Justicia César Adalid Siles y al vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz Yván Noel Córdova Castillo.
La causa se inició oficialmente el 11 de junio de este año a raíz de una denuncia verbal contra el juez de Coroico Fernando Marcelo Lea Plaza Aliaga, quien ordenó la suspensión de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Coaquira Rodríguez. La magistrada había sido elegida por voto popular en diciembre de 2024, con el 62,51% de los votos válidos en el departamento de La Paz.
Investigación
Según el Ministerio Público, la resolución del juez Lea Plaza se derivó de una supuesta “coordinación de alto nivel” con otros actores del sistema judicial. El 10 de junio, el ciudadano Óscar Antonio de la Fuente presentó una acción de cumplimiento contra la magistrada Coaquira, que sirvió de base para la sentencia emitida por el juzgado mixto de Coroico.
Las investigaciones preliminares apuntan al exministro Siles como “estratega” principal de la operación. De acuerdo con las comunicaciones intervenidas por la Fiscalía, Siles mantenía contacto directo con el juez y lo convenció de que su fallo sería “respaldado por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)” en caso de cuestionamientos.
César Siles
Además, el vocal Córdova, presidente del TDJ de La Paz, habría ejercido de intermediario entre Siles y Lea Plaza, facilitando la coordinación y respaldando la acción desde la estructura judicial departamental.
La vocal Claudia Castro también fue mencionada por el Ministerio Público como parte de la operación, al haber colaborado en la elaboración de los argumentos jurídicos para justificar la suspensión de la magistrada electa.
Las acciones del juez Lea Plaza han sido calificadas como prevaricato por el Consejo de la Magistratura, que ya lo suspendió de sus funciones. Actualmente, el juez guarda detención preventiva por seis meses mientras continúa la investigación penal.
La Fiscalía anunció que ampliará las indagaciones a otras personas por su presunta participación en la red de coordinación que investiga este caso.
