Ante una ola de amenazas públicas y violentas, los siete vocales que integran la sala plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentaron una solicitud formal de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El objetivo: proteger su vida, integridad personal y el ejercicio independiente de sus funciones, ante las advertencias de dirigentes evistas que alcanzaron, incluso, a sus familias.
En el documento enviado al organismo internacional, los vocales alertan que enfrentan un “riesgo real, directo e irreparable”. Eso, a raíz de agresiones y amenazas simbólicas y verbales que han escalado desde la convocatoria oficial a las elecciones generales.
Vocale del TSE
“En caso de materializarse las consecutivas, masivas y gravosas amenazas dirigidas por grupos movilizados (…) se configuraría una afectación directa a sus derechos fundamentales”, señala el escrito.
Uno de los hechos más alarmantes fue registrado el 29 de mayo. Enrique Mamani, dirigente de los interculturales, declaró en un video: “Tenemos identificado al señor Hassenteufel, su casa que vive en la calle (…). También tenemos identificado al señor Tahuichi Tahuichi (…) mañana haremos conocer quiénes son sus familiares, porque si no es a las buenas va a ser a la mala con ustedes”.
Estas amenazas fueron acompañadas por actos simbólicos de violencia. En ciudades como La Paz y Oruro se quemaron muñecos con el rostro del vocal Tahuichi, mientras se gritaban frases como “quémenlo, quémenlo (…)” y “que muera el vocal Tahuichi, que muera (…)”. Según el TSE, este tipo de acciones representa una incitación directa al daño físico.
CIDH
Los vocales también denunciaron que se produjeron amenazas directas contra sus familias y recordaron que entre el 27 y 30 de mayo se vivieron los momentos más tensos, cuando sectores políticos advirtieron incluso con incendiar las instalaciones del TSE.
Estas situaciones encendieron las alertas de posibles ataques como los ocurridos en 2019: Entonces fueron quemadas oficinas de tribunales electorales tras las elecciones generales del 20 de octubre de ese año.
El TSE indica que, si bien desde el 16 de mayo se desplegó resguardo policial, “las amenazas persisten. Incluso se han intensificado”, lo que pone en evidencia la insuficiencia de las medidas actuales. Una de las últimas señales del riesgo fue la detonación de un explosivo frente al domicilio del vocal departamental de Cochabamba, Humberto Valenzuela.
Amenazas
En ese contexto, la solicitud ante la CIDH también incluye un llamado a que se exhorte al Estado boliviano a brindar garantías concretas para la protección de los vocales y sus núcleos familiares. Además de asegurar condiciones para el libre ejercicio de sus funciones sin presiones, amenazas ni violencia.
Finalmente, el documento subraya que “lo que está en juego no es solo la seguridad individual de los vocales. Sino la estabilidad democrática y la independencia del Órgano Electoral”, elementos esenciales para el desarrollo de un proceso electoral legítimo y transparente.
