La tensión volvió a escalar la tarde de este martes en Sipe Sipe (Cochabamba), donde grupos afines al expresidente Evo Morales retomaron el bloqueo de carreteras y generaron enfrentamientos con efectivos de la Policía Boliviana.
Los uniformados, rebasados por la cantidad de manifestantes, recurrieron al uso de agentes químicos para dispersar a los movilizados.
Violencia
Horas antes, un amplio operativo policial había logrado despejar varios puntos estratégicos de la ruta que conecta Cochabamba con el occidente del país. La intervención comenzó en la madrugada y logró desbloquear Sipe Sipe, Capinota, Suticollo, Bombeo y Cruce Arque.
Sin embargo, en este último punto, los efectivos decidieron retroceder ante la rearticulación violenta de los sectores evistas, quienes atacaron con piedras y explosivos artesanales, según reportó Unitel.
Cerca de las 17.00, la tensión se reavivó cuando manifestantes volvieron a instalar una barricada en Sipe Sipe, a pesar de la presencia policial. Los enfrentamientos continuaron por varias horas, sin un balance oficial de heridos o detenidos hasta el cierre de esta nota.
Movilizados
Los movilizados exigen la habilitación de Evo Morales como candidato para las elecciones generales del 17 de agosto, así como respuestas del Gobierno a la crisis económica, la escasez de combustibles, la falta de dólares y el alza de precios de los productos de la canasta familiar.
En paralelo, crecen las críticas al uso de la protesta para forzar decisiones políticas al margen de la normativa vigente.
En medio del operativo, la red DTV informó que, en la comunidad de Pampa Grande, próxima a la ruta bloqueada, la Policía halló al menos 100 bombas molotov escondidas a los costados de la carretera, lo que evidencia un grado mayor de planificación y violencia en las protestas.
La carretera entre Cochabamba y el occidente del país es clave para el abastecimiento de productos y el flujo comercial. Transportistas, comerciantes y viajeros se vieron gravemente afectados por las interrupciones, generando creciente presión sobre el Gobierno para garantizar el libre tránsito.
