El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, informó que en los próximos días se solicitará de manera formal una conciliación con el Ministerio de Justicia para determinar el monto exacto que se adeuda al Órgano Judicial por concepto del Notariado Plurinacional.
La autoridad judicial señaló que, hasta la fecha, el monto estimado que no fue transferido al Órgano Judicial asciende aproximadamente a Bs 150 millones.
No obstante, aclaró que será necesario realizar una conciliación oficial con el Ministerio de Justicia para establecer con precisión el total adeudado.
Según Baptista, la Ley del Notario o Notaria de Fe Pública establece que los ingresos que anteriormente administraba el Órgano Judicial por la gestión notarial debían ser compensados anualmente con un monto económico equivalente, a ser transferido por el Ministerio de Justicia. Sin embargo, tras un análisis realizado por la unidad técnica del Consejo, se identificaron importantes irregularidades en estos depósitos.
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“El Ministerio de Justicia debía transferir 32 millones de bolivianos por año, pero tenemos observaciones. En los años 2014, 2015 y 2016 solo se habrían depositado 51 millones en total, y el año pasado (2024) aún hay saldos pendientes por pagar”, señaló Baptista.
Esta situación, dijo, afecta directamente a los recursos con los que cuenta el Órgano Judicial para el fortalecimiento institucional y la prestación eficiente del servicio de justicia.
En marzo, el Órgano Judicial se declaró en emergencia presupuestaria al no recibir una respuesta sobre la exigencia de una asignación presupuestaria que garantice la independencia judicial necesaria.
Entonces, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, señaló que asumen una postura firme al identificar que son Bs 140 millones menos que, en esos términos, no se puede hablar de reforma normativa si no se tiene un presupuesto que garantice por lo menos el funcionamiento del Órgano Judicial.
Baptista indicó también el mes pasado que es necesario un presupuesto mínimo de un 3% reconocido por norma y no así solicitar asignaciones presupuestarias anualmente.
A principios de mes, el Ministerio de Justicia informó que el Ejecutivo y Judicial alcanzaron un acuerdo para paliar y enfrentar la crisis presupuestaria y financiera.
La institución señaló que el Ejecutivo asignará más de 10 millones de bolivianos, destinados a la contratación de personal en el Órgano Judicial, “recursos que permitirán fortalecer servicios esenciales como Derechos Reales, Atención en ventanillas y otros trámites judiciales”.
Sin embargo, el presidente Saucedo aclaró que la inyección presupuestaria para la contratación de personal eventual es solo por un lapso de cuatro meses.
