Las denuncias de supuestos “asesinatos”, torturas en centros de detención y secuestros ilegales de dirigentes, difundidas por integrantes de una misión de izquierda argentina de observación en derechos humanos, carecen de respaldo en los informes y en la información pública disponible, según análisis de Bolivia Verifica, basado en datos de la Defensoría del Pueblo y reportes institucionales.
Hace días, la diputada argentina Alejandrina Barry afirmó al diario Página 12 que en Bolivia existen “por lo menos siete personas asesinadas” en el marco de las movilizaciones y que además se registran cientos de detenidos, denuncias de torturas y secuestros de dirigentes sindicales y campesinos. Declaraciones similares fueron reiteradas por otros miembros de la delegación que intentó ingresar al país el lunes.
Sin embargo, el segundo informe preliminar de la Defensoría del Pueblo, que abarca el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 2 de junio, reporta 10 fallecimientos presuntamente relacionados con la conflictividad social, pero no los clasifica como asesinatos.
El documento señala que siete de las víctimas murieron tras verse afectadas por los bloqueos y las dificultades para acceder a atención médica oportuna, mientras que tres casos ocurrieron en el contexto de operativos policiales y militares.
La institución defensorial recalca que corresponde al Ministerio Público y a las instancias judiciales determinar las causas y responsabilidades en cada caso. De hecho, uno de los fallecimientos ocurridos durante la operación “Corredor Humanitario” es investigado por el presunto delito de homicidio, pero aún no existe una conclusión que permita catalogarlo como un asesinato.
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En cuanto a las detenciones, la Defensoría registró 365 personas arrestadas durante los operativos relacionados a bloqueos y movilizaciones. De ellas, 247 recuperaron su libertad y las restantes permanecen bajo distintas situaciones jurídicas, mientras la institución realiza seguimiento al respeto del debido proceso.
Incluso, comisiones legislativas y el propio vicepresidente Edmand Lara fueron a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para constatar el debido proceso.
La revisión de los reportes tampoco permitió identificar registros de “numerosas denuncias de torturas” en centros de detención ni de “secuestros ilegales” de dirigentes sindicales y campesinos, como argumentó la delegación argentina. Uno de los casos citados por organizaciones sociales corresponde al dirigente vecinal Justino Apaza, quien fue aprehendido y posteriormente enviado con detención preventiva dentro de un proceso judicial por presuntos delitos relacionados a las movilizaciones.
El lunes una delegación política de izquierda argentina intentó ingresar al país como una “Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos”. El Gobierno boliviano negó su admisión por inconsistencias detectadas durante el control migratorio y la delegación retornó a Argentina el mismo día.
La verificación de la información disponible concluye que las afirmaciones sobre la existencia de siete u once personas “asesinadas”, así como de torturas y secuestros generalizados, no cuentan con datos ni pruebas ni investigaciones que las respalden. Por el contrario, los informes institucionales hablan de fallecimientos asociados al contexto de conflictividad social, cuyas circunstancias permanecen bajo investigación.
