El presidente Rodrigo Paz promulgó este lunes la Ley de Regulación de Estados de Excepción, una norma que establece los procedimientos y mecanismos para la aplicación de esta medida extraordinaria contemplada en la Constitución.
El país atraviesa por una creciente conflictividad social. Bolivia cumple 39 días de protestas y bloqueos, mientras La Paz y El Alto enfrentan dificultades de abastecimiento, escasez de combustibles y problemas en el transporte de productos básicos.
La norma ya había sido aprobada por la Cámara de Senadores y recibió la sanción definitiva de la Cámara de Diputados durante la madrugada del domingo, con lo que completó su trámite legislativo.
Durante el acto de promulgación, Paz defendió la aprobación de la ley y sostuvo que el Estado necesita instrumentos para garantizar la seguridad y preservar el orden constitucional frente a la actual crisis.
“De nada sirve desarrollar normas y una visión de desarrollo económico si en la Patria no tenemos seguridad, seguridad que se ve en peligro cuando el narcoterrorismo prioriza sus intereses por encima de la sociedad”, afirmó el mandatario.
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El mandatario se dirigió a la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas y les pidió que actúen con firmeza, pero respetando los derechos humanos y la Constitución.
“Esta norma les permite llevar adelante el plan que ya hemos diseñado. Bolivia tiene un plan y lo vamos a ir cumpliendo porque tenemos que retomar la normalidad para que nuestra economía crezca con seguridad para todos los bolivianos”, sostuvo.
La Ley 1740 regula los estados de excepción conforme a lo establecido en el parágrafo III del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. El texto contiene 27 artículos y define los procedimientos, alcances y mecanismos de control para la aplicación de esta figura excepcional.
La norma establece que el presidente podrá declarar un estado de excepción mediante decreto supremo cuando existan circunstancias como peligro para la seguridad del Estado, amenazas externas, conmoción interna o desastres naturales.
No obstante, la promulgación de la ley no implica la aplicación automática de esta medida. El Ejecutivo aún deberá emitir un decreto supremo específico para declarar el estado de excepción y posteriormente remitirlo a la Asamblea Legislativa.
