La crisis de gobernabilidad que sacude a Bolivia desde comienzos de mayo no es solamente la suma de sus partes visibles. Evidentemente, hay bloqueos de carreteras, escasez de combustible, inflación y una ciudad de La Paz enclaustrada durante semanas. Detrás de esas imágenes, sin embargo, hay una vieja cuestión que emerge nuevamente: quién manda, a nombre de quién y bajo qué reglas. El gobierno de Rodrigo Paz, con apenas seis meses de gestión, se ha convertido en el eje en torno al cual esas preguntas vuelven a hacerse. Pocos o nadie anticiparon la crudeza de los hechos. Siete muertos, más de trescientos detenidos y pérdidas económicas estimadas en cerca del cuatro por ciento del PIB en un solo mes. La crisis desborda la coyuntura y obliga a mirar más atrás y más lejos.
Luciana Jaúregui es socióloga con maestría en ciencias políticas, investigadora especializada en movimientos sociales, Estado y democracia en América Latina, con foco particular en Bolivia. Desde su mirada y en conversación con Animal Político, de La Razón, nuestra analista invitada ofrece un diagnóstico que no se resigna al análisis puramente económico ni solo a la lectura de corto plazo. Lo que está en juego, sostiene, es algo con raíces históricas profundas y más difícil de resolver: la disputa por la conducción del Estado en una sociedad que nunca terminó de acordar quiénes son la nación y de quiénes la soberanía.
Más allá de las formas
Bolivia registró 807 conflictos sociales en 2025, la cifra más alta del último quinquenio según la Defensoría del Pueblo, y al mes de mayo de 2026 ya acumulaba 295 casos adicionales. Los números, sin embargo, no explican por sí solos la intensidad de lo que ocurre. Para Jaúregui, la clave está en lo que el conflicto revela por debajo de sus manifestaciones inmediatas.
«En el fondo, la crisis revela que hay dos legitimidades en disputa: la legitimidad formal estatal y, al mismo tiempo, una legitimidad orgánica, indígena y popular», afirma. Esa tensión no es nueva, pero había permanecido contenida durante los veinte años del ciclo del MAS en el poder. «La historia de Bolivia ha sido siempre períodos de guerras de baja intensidad entre las comunidades y el Estado. El ciclo del Estado plurinacional fue más bien la anomalía histórica, donde se encontró algún tipo de coexistencia entre Estado y comunidad. Hoy en día se puede ver que ese pacto de dominación se ha roto”.
Lo que explota hoy, en su lectura, no es solamente el resultado de promesas electorales incumplidas o de una mala gestión económica. Aunque ambas cosas estén presentes. Es la reaparición de una fractura estructural que el proyecto plurinacional logró, durante un tiempo, mantener a raya. «La crisis vuelve a exponer una fractura histórica que nunca se terminó de resolver, que estuvo contenida dentro de ese proyecto y que ahora explota con una crudeza y radicalidad que no parece encontrar un cauce político-institucional”, asevera.
Vacío hegemónico
Jaúregui describe el resultado como un vacío hegemónico. «Los mecanismos de integración social que posibilitaban mediaciones simbólicas, políticas e institucionales se han agotado. Y eso pone en duda el propio orden político”. El gobierno tiene aliados —sectores empresariales, clases medias urbanas, respaldo internacional— pero no tiene capacidad de dirección social, observa. Resumiendo: «gobierna, pero no dirige».
El movimiento popular, por su parte, «ha demostrado tener capacidad de veto, pero no tiene capacidad de construir un proyecto alternativo». Son dos bloques que colisionan y se asedian mutuamente, sin que ninguno pueda imponerse al otro ni ceder sin costos insostenibles.
Hay además una dimensión que Jaúregui subraya como frecuentemente subestimada: la percepción de un agravio moral entre los grupos movilizados. «¿Cómo es posible que una movilización desde abajo pueda ser tan radical y tan sostenida durante meses? Porque hay más que un agravio económico: hay un agravio moral. La movilización se ha vuelto una cuestión de dignidad”, señala.
La socióloga desarrolla su argumento. Comunidades que gobernaron durante dos décadas, que se apropiaron simbólicamente del Estado, que incorporaron la idea de que podían conducir el país, no están dispuestas a asumir nuevamente una posición subordinada. «La contradicción fundamental en este período posmovimientista ya no es solamente la lucha por reconocimiento o representación, sino una lucha por la conducción”.
Representación política
Una parte central del diagnóstico de Jaúregui apunta a lo que ocurrió antes del conflicto, durante el ciclo electoral que culminó con la llegada de Rodrigo Paz a la presidencia. Los sectores hoy movilizados no llegaron a esas elecciones con opciones propias genuinas. El arcismo bloqueó sistemáticamente cualquier posibilidad de que el evismo pudiera presentarse como fuerza propia. Luego, la judicialización de la política excluyó candidaturas a nivel subnacional, como la de René Yahuasi para la gobernación de La Paz. El resultado fue una oferta electoral que dejó a amplios sectores indígenas y campesinos sin autorrepresentación. Se vieron forzados a negociar a último momento un apoyo condicionado a una candidatura que no era la suya.
«Estamos viviendo un largo proceso de recomposición del campo político, en el que están en disputa los criterios de inclusión y exclusión. Qué actores van a ser reconocidos como legítimos, qué demandas van a ser procesadas y qué reglas van a regir la competencia futura», señala Jaúregui. En ese proceso, los sectores que antes canalizaban sus demandas a través del MAS quedaron sin cauce institucional. «Cuando cae el MAS, hay evidentemente una vacancia y un proceso de reorganización interna donde estos sectores buscan preservar su estatuto político, pero no encuentran representación”.
Articulación
Una de las originalidades del MAS, recuerda, fue precisamente su capacidad de articular dos lógicas distintas: «supo combinar la democracia liberal representativa con la democracia sindical y comunitaria”. Al desaparecer esa bisagra, la democracia formal quedó como un espacio que no los incluye. Así, es la política extrainstitucional —el bloqueo, la marcha, el cerco— a la que apelan como único lenguaje disponible.
La victoria de Paz fue, en ese contexto, una solución de compromiso más que una elección genuina. «Fue una victoria condicional y delegada, donde no había un proceso de autorrepresentación como el que existía en otro momento”. Lo que no pudo ser procesado por las urnas terminó acumulándose hasta encontrar otra salida. «La crisis de representación es, evidentemente, una de las causas profundas de este momento”, afirma la analista.
Diálogo, coerción o ambos
Frente al conflicto, el gobierno de Paz ha oscilado entre el llamado al diálogo y la amenaza de recurrir a la fuerza. Ninguna de las dos vías ha producido resultados definitivos. Jaúregui es escéptica respecto a los mecanismos de negociación desplegados hasta ahora. «Todos los escenarios de diálogo han demostrado ser poco efectivos, parciales y segmentados”. El problema, insiste, es que se intenta pactar en base a concesiones sectoriales, sin abordar la dimensión de la distribución del poder. «Se busca resolver ese problema con algunas cuotas, con algunas políticas clientelares, que pueden apaciguar o prolongar la situación. Pero no responden a la demanda desde abajo”.
La vía coercitiva, por su parte, abre sus propios riesgos. Un eventual estado de sitio podría darle al gobierno un respaldo transitorio sobre todo desde el apoyo internacional con que cuenta. Sin embargo, «el estado de excepción es aceptar que la legitimidad ya no alcanza para garantizar obediencia”. Y si la violencia se agudiza, el escenario puede tornarse volátil. «Si el estado de excepción agudiza la violencia, como ya pasó antes en Bolivia, puede producir al contrario una radicalización popular y una crisis ya abiertamente destituyente”.
Lo que se construye por esa vía no es legitimidad sino lo que Jaúregui llama un consenso negativo: un respaldo basado no en la adhesión al gobierno sino en el miedo al desorden. «No es que haya una adhesión hacia él, sino pedidos de estabilidad que lo sostienen”. Es una gobernabilidad posible, pero frágil y costosa. «Más costosa, más inestable, basada en una cohesión selectiva y en la administración permanente de la crisis”, diagnostica.
El gobierno en la coyuntura
La encrucijada del gobierno de Paz no es, para Jaúregui, simplemente el resultado de errores de gestión. Es también el producto de una posición estructuralmente difícil. Paz llegó al poder con una impronta de centro que lo diferenciaba tanto del MAS como de la derecha más dura, «abriendo la posibilidad de producir una nueva síntesis entre lo indígena-popular y lo urbano-mestizo”. Pero esa síntesis requería condiciones que no existen. «A diferencia del período del MAS, estamos en un escenario en que ya no hay un excedente que pueda permitir un pacto ganar-ganar entre todos. Ya no se cuenta con un excedente que sostenga el pacto social”, advierte.
Sin ese lubricante económico, y sin una estructura política propia suficientemente consolidada, el gobierno terminó apoyándose en los sectores que habían perdido la elección. «Se alineó con Unidad Nacional, los empresarios y, además, al marginar a Edmand Lara desaprovechó la oportunidad de integrar también a lo popular”. Cada decisión quedó atrapada en lo que Jaúregui describe como una situación de reto cruzado permanente: «si beneficia a uno, perjudica al otro”.
El resultado es un gobierno que está siendo presionado desde ambos flancos y con escaso margen de maniobra. «Es un gobierno atrapado entre oposiciones bilaterales», sintetiza. Y la tendencia, en lugar de buscar una nueva integración, ha sido la de avanzar por la vía coercitiva, indica la socióloga.
Esto no es exclusivo del gobierno. La clase política en su conjunto, observa Jaúregui, muestra una incapacidad simétrica para producir articulaciones expansivas. El campo político está atravesado por lo que llama tendencias centrífugas. «Una serie de conflictos que tienden hacia el radicalismo y hacia la exclusión del otro en lugar de su integración”. Y eso se ve en los dos polos. «Se tiene un bloque de poder que no busca integrar a los sectores indígenas y populares, y al mismo tiempo los propios sectores indígenas y populares, en su radicalismo, ahuyentan a las clases medias, a los empresarios. Esa tendencia centrífuga es la que impide estructuralmente construir un centro”.
Porvenir de la gobernabilidad
El panorama que dibuja Jaúregui para el mediano plazo no rebosa de optimismo. No prevé una resolución próxima del conflicto, sino la instalación de una conflictividad como forma de funcionamiento regular de la política boliviana. «Estamos entrando a un largo ciclo de ingobernabilidad. Inclusive, para ponerlo en los términos del debate clásico, a una guerra de baja intensidad entre las comunidades indígenas y el Estado. La crisis va a dejar de ser coyuntural para convertirse en la forma regular de funcionamiento de la política: estructural y prolongada”.
En ese escenario, el gobierno administraría conflictos en lugar de gobernar con un proyecto. Se reeditarían dinámicas ya conocidas. «Bloqueo recurrente, negociación, confrontación, parálisis estatal, coerción, y así sucesivamente”. El horizonte de grandes reformas estructurales queda, en esas condiciones, fuera del alcance.
¿Existe alguna salida? Jaúregui la esboza, aunque con dudas sobre su probabilidad inmediata. No pasa por el consenso —que juzga una quimera dado el nivel de antagonismo— sino por algo más modesto y realista: el reconocimiento mutuo de legitimidades. «La única forma viable que no sea imponer reformas estructurales por la violencia es construir un nuevo mapa de reparto de poder que reconozca las fuerzas reales que existen en la sociedad boliviana y su pluralidad efectiva”. No un consenso sobre el fondo, sino sobre las reglas. «No tanto que nos pongamos de acuerdo, sino que se reconozca la igual legitimidad de los bloques para disputar la definición de lo común”.
La integración nacional, en su lectura, no es sinónimo de pensamiento único. «No consiste en producir homogeneidad ni consenso, sino en el reconocimiento de la legitimidad y la incorporación estatal de las fuerzas reales de la sociedad”. Es, en el fondo, la condición mínima para que la disputa política se procese dentro del orden y no contra él.
Reflexiones finales
En el horizonte más profundo del análisis de Jaúregui late una pregunta que excede la coyuntura y que Bolivia lleva décadas sin responder satisfactoriamente: qué tipo de nación es esta y quién tiene derecho a conducirla. No es casual que en las calles de La Paz convivan hoy dos lenguajes de legitimidad que se ignoran mutuamente: el de la legalidad constitucional, que el gobierno invoca, y el de la soberanía popular e indígena, que los movilizados proclaman.
«Hay una disputa por lo nacional que está pendiente», dice Jaúregui. «La posibilidad de pensar una nueva ecuación estatal, producir una nueva articulación de poder capaz de convertir esta sociedad abigarrada en una unidad política operativa, sin negar la autonomía de las partes. La vieja pregunta por la nación ha vuelto en una clave reactualizada”, sostiene.
No es una pregunta que tenga respuesta fácil ni rápida. Pero el mérito del análisis de Jaúregui es precisamente ese: negarse a buscar atajos donde no los hay, y señalar que lo que está en juego en Bolivia hoy no es solamente un gobierno, sino la forma misma de lo que este país quiere y puede ser.
