Hace dos semanas concluimos que estábamos ante un gobierno fallido y que, sensatamente, correspondía analizar alternativas, porque las protestas campesinas y populares y, sobre todo, el bloqueo de caminos nos llevan a una situación extremadamente crítica; hoy estamos al borde de una catástrofe.
Los diálogos, encuentros y negociaciones fracasaron porque el gobierno no quiso enfrentar seriamente el debate con los responsables de la movilización social: la COB o la Federación de Campesinos Túpaj Katari. Con los maestros, la negociación fracasó, aunque con las dirigencias se comprometió un bono inviable, luego rechazado por los maestros de base. En la mayoría de los supuestos espacios de diálogo y encuentro —variados en locaciones y audiencias— la única constante fue la perorata presidencial sin norte ni contenido. Solo se pactó con los cooperativistas mineros, a cambio de eliminar sus deudas con la CNSS y de saltar la legislación ambiental, quedando autorizados para dañar la naturaleza dentro de las áreas protegidas.
Evolución del conflicto
En el estado de excepción no cree el gobierno y posterga su decisión todo lo que puede. No le faltan motivos para resistirse a la decisión extrema. Un previsible fracaso, con el baño de sangre de por medio, sería su acabose. Primero hizo abrogar la Ley 1341 de excepción, con el aparente motivo de eliminar ataduras legales cuando, claramente, era inconstitucional no «regular» el estado de excepción como manda la Constitución. Ahora está en el esfuerzo de tramitar a la carrera la ley que regule las previsiones constitucionales al respecto, pero, mientras tanto, ya han pasado entre 37 y 40 días desde que empezaron los bloqueos.
Mientras el gobierno no atina a encontrar el camino para uno o varios acuerdos políticos que levanten los bloqueos y la creciente beligerancia popular y campesina, los daños se han vuelto incalculables y algunos, irrecuperables. Para empezar, las personas que han muerto en los enfrentamientos, las que fallecieron por falta de auxilio médico, los transportistas abandonados en los caminos sin acceso a alimentos, agua o cualquier recurso, por no abandonar su carga y su herramienta de trabajo, etcétera.
Ni hablar de los daños a la producción, especialmente de alimentos y, con ello, el insufrible desabastecimiento en ciudades como La Paz y El Alto, que nos está obligando, como en zonas de guerra, a llevar carne de pollo en avión. Y cuando hablamos de producción nos referimos al universo económico-productivo de granjas, fábricas, exportación, cosechas, importación de insumos para la producción, de medicamentos, contratos, empleos, etcétera.
Gobernanza
Estamos ante una situación de virtual colapso estatal. Primero, porque no funciona el gobierno central —solo vemos un gobierno de dos o tres ministros que acuden a los diálogos— y el resto de los gobiernos departamentales y municipales están limitados por la falta de recursos y el bloqueo general. Segundo, porque la parálisis del aparato productivo —empezando por siembras y cosechas, el comercio y la circulación en general de productos y de personas— tiene al país paralizado en una situación dramática. En consecuencia, todos debemos reflexionar sobre las condiciones y las circunstancias por las cuales llegamos a esta situación límite.
Esta es la pregunta central por la cual debemos empezar: ¿quién o quiénes son los responsables de esta crisis mayúscula y de las nefastas consecuencias de los bloqueos con sus secuelas de muerte, desabastecimiento y crisis productiva? Esta pregunta es crucial, porque si no la contestamos adecuadamente no sabemos cómo debemos reaccionar frente a la crisis y, menos aún, escoger las alternativas para salir adelante.
Hay que insistir —porque se busca ocultar y confundir— que el primer responsable de esta crisis es, naturalmente, la dupla del presidente y el vicepresidente. Ellos ganaron las elecciones y son quienes no pudieron cumplir sus compromisos electorales. Es inaceptable que se quiera descargar en los sectores movilizados y bloqueadores —obreros, campesinos y sectores populares del occidente— la responsabilidad de la crisis, cuando es inocultable que se incumplió con los compromisos que se pactaron para las elecciones generales, especialmente para la segunda vuelta.
Narrativas
No puede admitirse el discurso fácil y racista de echar la culpa a los sectores movilizados y, peor, acusándolos de terrorismo, delincuencia y narcotráfico y, en última instancia, de indios, cuando fue precisamente con ellos que se pactó para ganar las elecciones. La crisis tiene su origen en esa felonía política. El gobierno, desde el primer día, olvidó, rechazó y finalmente despreció a quienes lo eligieron, y la consecuencia es que la gente estafada es la que ahora se moviliza para reclamar por lo que se incumplió.
Hay que echar en cara a los supuestos defensores de la institucionalidad democrática y de la democracia que olvidan —interesada y penosamente, y no por ignorancia— que el primer supuesto de una democracia es que se gobierna cumpliendo con los mandatos que permitieron la elección de un gobierno. Peor aún: amparados en el control de los medios masivos de información y para ocultar la estafa electoral, se insulta a la gente a cuenta de su origen rural y campesino. Eso no cuenta para los interesados defensores de la democracia; para ellos, como son indios los engañados, no importa.
Responsabilidades
Tampoco se puede responsabilizar a los movilizados de elaborar un decreto supremo torpe y atrabiliario como el DS 5503, cuya atinada resistencia sacó a la COB del ostracismo. Peor aún, de esperar que llegue una marcha campesina desde Cobija, cruzando medio país, para abrogar la única ley que aprobó nuestra Asamblea Legislativa, la 1720, pero que el presidente firmó frente a las corporaciones agropecuarias en Santa Cruz, cuando supuestamente era para beneficio de los pequeños productores.
Ni hablar de los inauditos actos de corrupción, como el de las maletas desaparecidas, que tantos meses después ni siquiera sabemos de su contenido y que pasaron con el visto bueno de la Aduana. Lo mismo que el oscuro caso de las cajas fuertes desvalijadas al «más grande narcotraficante», pero que aparentemente no era tan grande porque no encontraron dinero ni para el taxi, aunque sí tuvieron la delicadeza de mostrarnos las cajas fuertes limpias y vacías.
Finalmente, la gasolina basura que se sigue importando a pesar de que estamos pagando el doble. Está documentalmente comprobado que hubo sobreprecio en los contratos y recién el Ministerio Público tiene a un detenido. Es difícil creer que en estos niveles de corrupción se proceda sin el mayor respaldo político posible.
En fin, acá estamos, frente al evidente colapso del gobierno y de la sociedad boliviana, en medio de bloqueos, carestías, enfrentamientos y un futuro absolutamente impredecible. Sin embargo, en algo debemos coincidir:
Salir de la crisis
En primer lugar, hay que encontrar una salida política inmediata, porque los daños económicos, productivos y en la población son insostenibles y estamos profundizando una crisis que ya veníamos arrastrando. Debe ganar la paz, la convivencia y el deseo de un futuro de país compartido. Para ello debemos acordar levantar los bloqueos, asegurar el respeto a la Constitución Política y establecer condiciones de consenso sobre la necesidad de inversión extranjera para la explotación de nuestros recursos naturales clave, como son los hidrocarburos y el litio. También debe haber un pacto por la estabilidad y la libre circulación que asegure la producción y el desarrollo económico, ahora que nos toca remontar.
Finalmente, hay que defender la democracia y, con ello, la Constitución Política, que es su arquitectura. En nuestra Carta Magna está establecida la renuncia al mandato; no es antidemocrática ni inconstitucional. Es un acto de gobierno previsto para circunstancias de fracaso gubernativo o extrema crisis, como la que vivimos.
Es más, todos, asumiendo que en esta crisis nadie es inocente, deberíamos pedir —con el respeto a la investidura de presidente y vicepresidente— que, aunque sea lo único que acuerden, renuncien juntos.
