El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, afirmó que la permanencia de funcionarios cuestionados en el área energética podría interpretarse no como protección, sino como “complicidad”, y advirtió que la población podría impulsar una “demanda social” si no se corrigen los problemas vinculados al abastecimiento de combustible.
El dirigente pidió a las autoridades actuar con firmeza y abrir una investigación “seria y real” antes de adoptar medidas drásticas, al considerar que los hechos irregulares deben esclarecerse para evitar que la crisis se prolongue. Señaló además que el Gobierno tiene la responsabilidad de rectificar decisiones heredadas de la gestión anterior.
Civicos
Zambrana recordó que hace un año, en vísperas del Carnaval, ya se registraban largas filas en los surtidores por la escasez de carburantes y sostuvo que la situación persiste. A su juicio, los costos de esta problemática no pueden recaer sobre la población, sino en quienes tienen la obligación de resolverla.
En la misma línea, el presidente del comité cívico, Stello Cochamanidis, exigió identificar a los responsables del ingreso de combustible de mala calidad y demandó garantías para un suministro suficiente y confiable. Advirtió que la falta de gasolina en fechas clave podría frenar la actividad económica del departamento.
Cochamanidis sostuvo que instituciones como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el propio Ejecutivo deben ofrecer soluciones inmediatas para asegurar carburantes en volumen y calidad, evitando mayores perjuicios a productores, transportistas y ciudadanos.
Los cívicos remarcaron que la disponibilidad de combustible es esencial para la movilidad, la producción y el comercio regional, por lo que instaron al Gobierno a actuar con rapidez para impedir que la crisis se profundice y derive en nuevas protestas sociales.
