La Fiscalía analiza una denuncia presentada contra dirigentes de la Federación de Comunidades Interculturales de Chimoré, luego de que el sector tomó el Centro de Entrenamiento Internacional Antinarcóticos “Garras del Valor” en esa región del Trópico cochabambino ante una eventual aplicación del estado de excepción.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó este martes que la denuncia ya ingresó al Ministerio Público y se encuentra en manos de la Unidad de Análisis.
“Están en la Unidad de Análisis, van a analizar los fiscales analistas si admiten, observan o desestiman las denuncias presentadas”, dijo ante los medios de comunicación.
El lunes, los dirigentes interculturales anunciaron medidas de presión tras la promulgación de la Ley 1740 de Regulación de los Estados de Excepción. El sector afín a Evo Morales sostuvo que la norma representa una “amenaza” para las organizaciones movilizadas y advirtió con ocupar instalaciones militares asentadas en Chimoré.
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Y, la mañana de este martes, los movilizados se instalaron en inmediaciones del cuartel militar para evitar cualquier operativo.
Mariaca señaló que la decisión sobre el futuro de la denuncia dependerá de la valoración que realicen los fiscales asignados al caso y anticipó que en las próximas horas podría existir un pronunciamiento oficial desde Cochabamba.
“Eso es un trabajo netamente de los señores fiscales analistas y ya en el transcurso, seguramente, de las horas del día de hoy o mañana, el fiscal departamental de Cochabamba, con mucho gusto, les va a informar”, afirmó.
El fiscal también reveló la existencia de otras denuncias relacionadas al conflicto en Cochabamba. Entre ellas están procesos relacionados con el gobernador Leonardo Loza y otras personas, aunque evitó precisar los motivos debido a que los casos continúan en etapa de análisis.
